¡La soberanía no cabe en una visa!
Defender a México frente al exterior es una obligación presidencial pero convertir el trámite migratorio del hijo de un EXpresidente en una causa nacional es otra cosa.
Todos ya sabemos que Estados Unidos revocó la visa de Andrés Manuel López Beltrán, también que la razón específica no se conoce (ni se conocerá). El gobierno estadounidense sostiene que los expedientes migratorios son confidenciales no obstante; "Andy" afirma que se trata de una represalia política y Claudia Sheinbaum decidió colocar el episodio en el terreno de la soberanía y la injerencia.
La reacción es absolutamente desproporcionada. Una visa no es un derecho político de los mexicanos ni una concesión que deba garantizar el Estado mexicano. Es una autorización expedida por otro país, conforme a sus propias leyes y criterios, tan discutibles como soberanos.
Estados Unidos puede utilizar esos instrumentos como mecanismo de presión política y México tiene derecho a cuestionarlo y exigir respeto, pero también conviene hacer una pregunta mucho más incómoda:
¿Por qué el permiso de ingreso de un integrante de la familia López Obrador merece ocupar el tiempo, la voz y el capital político de la Presidencia de la República?
Andrés Manuel López Beltrán puede inconformarse, defender su reputación y pedir explicaciones. Es su derecho, lo que resulta difícil de justificar es que la presidencia convierta su agravio personal en una causa nacional.
Porque una cosa es defender la soberanía de México y otra muy distinta proteger la susceptibilidad de la estirpe tabasqueña.
La soberanía no se agota en pronunciar discursos frente a Washington y tampoco consiste únicamente en repetir que México no acepta órdenes, presiones o intervenciones extranjeras. La soberanía se construye hacia afuera, pero se edifica desde adentro.
Convendría recordarle a la 4T que también es soberanía que una familia pueda salir de casa sin entregar su tranquilidad a la delincuencia.
Es soberanía recibir atención médica sin peregrinar entre hospitales, soportar meses de espera o comprar por cuenta propia los medicamentos que debería proporcionar el sistema público.
Es soberanía que un pequeño empresario pueda invertir, contratar y conservar empleos sin quedar atrapado entre la incertidumbre económica, la extorsión criminal y las decisiones improvisadas del gobierno.
Es soberanía que las familias puedan planear el siguiente mes sin que la inflación, la precariedad o una emergencia médica desbaraten sus finanzas.
Y también es soberanía contar con instituciones suficientemente fuertes para investigar a cualquier persona, sin importar su apellido, su partido o su cercanía con el poder.
Nada de eso cabe en una visa, pero todo ello determina si los mexicanos pueden vivir con libertad y dignidad dentro de su propio país.
Clásicos y contemporáneos coinciden en que la libertad no consiste solamente en que ninguna potencia extranjera intervenga en los asuntos nacionale, no obstante, también exige que el miedo, la enfermedad, la pobreza y la arbitrariedad no invadan diariamente la vida de las personas, porque la 4T puede pronunciar discursos muy estridentes en las asambleas informativas y al mismo tiempo, permitir que sus ciudadanos vivan sometidos por poderes criminales, servicios públicos deteriorados e instituciones capturadas. Eso no es soberanía plena, es retórica fronteriza con fragilidad doméstica.
La presidenta tenía una respuesta institucional disponible: señalar que el gobierno mexicano no conoce las razones de la revocación, solicitar información por las vías diplomáticas y recordar que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas. Punto.
No necesitaba adoptar como propia la defensa política de López Beltrán ni convertir una decisión migratoria extranjera en otro episodio de confrontación entre la Cuarta Transformación y sus enemigos. Al hacerlo, la presidencia vuelve a mostrar una debilidad que ya comienza a ser estructural: Claudia Sheinbaum parece obligada a defender no solamente el legado de López Obrador, sino también a sus hijos, colaboradores, errores, agravios y en ello, en cada defensa automática reduce su margen de autoridad.
Cada reacción dictada por la lealtad familiar empequeñece la investidura presidencial y coloca los intereses del movimiento por encima de las responsabilidades del Estado. Cuando eso pasa, la presidenta deja de ejercer su democrática encomienda para aparecer como la administradora de una herencia política que no se atreve a cuestionar.
Hoy, no sabemos por qué Estados Unidos retiró la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Mientras no existan pruebas públicas, sería irresponsable convertir la revocación en una sentencia anticipada. Pero tampoco puede presentarse la ausencia de información como prueba de inocencia ni la incomodidad del oficialismo como una agresión contra México.
“Andy” no es la nación, Morena no es el Estado y la familia del EXpresidente no representa la soberanía nacional.
La verdadera defensa de México no consiste en garantizar que los herederos del poder puedan cruzar una frontera. Consiste en asegurar que millones de mexicanos puedan vivir de este lado de ella con seguridad, salud, libertad y certidumbre.
Sin duda, el asunto de la visa es un mensaje político de Washington, lo criticable es que la reacción presidencial también envía uno desde Palacio Nacional: cuando está en juego el apellido López Obrador, la defensa es inmediata; cuando están en juego las condiciones cotidianas de millones de familias, siempre existe una explicación, una estadística o una promesa para después.
Una jefa de Estado debe defender la dignidad de su país. Pero cuando confunde esa dignidad con la protección de la dinastía gobernante, deja de conducir a la nación y corre el riesgo de convertirse en algo mucho más pequeño: la empleada sumisa del tlatoani de la macuspana.
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