De las audiencias a las conciencias

Proteger a las audiencias es una obligación democrática. Permitir que el poder decida qué información es verdadera puede convertirse en algo muy distinto.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró esta mañana que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias “no tienen nada que ver con censura”. La aclaración es pertinente, aunque también inquietante: cuando un gobierno comienza una regulación negando que pretende censurar, conviene leer con cuidado la letra pequeña.

La propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se encuentra en consulta pública. Contiene medidas necesarias: distinguir la publicidad de la información periodística, diferenciar hechos de opiniones, garantizar el derecho de réplica y ampliar la accesibilidad para personas con discapacidad.

El problema no está en reconocer esos derechos, sino en determinar quién podrá interpretarlos, vigilarlos y sancionar su incumplimiento.

El proyecto exige a las concesionarias adoptar medidas para no difundir información “falsa” o “descontextualizada”. Además, permite que la Comisión intervenga en inconformidades, realice monitoreos y requerimientos, y sancione infracciones con multas de hasta uno por ciento de los ingresos acumulables de los medios regulados.

¿Quién decidirá qué es falso, qué está descontextualizado y cuál es la interpretación correcta de los acontecimientos?

En una democracia, la verdad pública no puede ser administrada por el gobierno. Se construye mediante evidencia, contraste, investigación, debate y libertad para incomodar. Una autoridad puede desmentir información, ejercer su derecho de réplica o acudir a los tribunales. Lo que no debería hacer es convertirse simultáneamente en parte agraviada, intérprete de la verdad y autoridad reguladora.

La Comisión que aplicaría estas disposiciones no posee la autonomía constitucional que tuvo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aunque la ley le atribuya independencia técnica, operativa y de gestión. Sus integrantes son nombrados por la persona titular del Ejecutivo y ratificados por el Senado.

Por eso no basta con declarar que no habrá censura previa. La censura contemporánea rara vez necesita que un funcionario llegue a una redacción para prohibir una nota. Puede operar mediante procedimientos, requerimientos, quejas recurrentes, costos jurídicos y la amenaza de una sanción.

No siempre impide que se publique. Consigue que, antes de hacerlo, alguien decida que resulta más prudente callar.

El gobierno afirma que las multas serán el último recurso y que se privilegiará la autorregulación. Sin embargo, las instituciones no deben evaluarse sólo por las intenciones de quienes hoy las controlan, sino por el uso que podrían darles quienes lleguen mañana.

Las leyes no se escriben para gobernantes virtuosos. Se escriben para limitar gobernantes poderosos.

La discusión es todavía más delicada porque proviene de un régimen que ha convertido la conferencia presidencial en tribunal cotidiano de periodistas, medios y opositores. Desde Palacio Nacional se determina con frecuencia qué información merece llamarse verdad y cuál debe presentarse como mentira, montaje, campaña o conspiración.

Ahora esa misma concepción podría adquirir procedimientos administrativos, supervisión institucional y capacidad sancionadora.

El derecho de las audiencias debe proteger a los ciudadanos frente a los abusos de los medios. No debe proteger al poder frente al periodismo que le resulta incómodo.

Existe una línea muy delgada entre garantizar información responsable y establecer una verdad políticamente autorizada. Esa línea se llama independencia institucional. Cuando desaparece, la defensa de las audiencias puede convertirse en disciplina para los medios; y la disciplina de los medios, en control de la conversación pública.

No se trata de afirmar que mañana desaparecerá la libertad de expresión, sino de advertir cómo puede comenzar a reducirse: primero se define lo verdadero, después se identifica lo inconveniente y finalmente se sanciona a quien insiste en apartarse de la narrativa aceptada.

Así, casi sin advertirlo, podemos transitar de los derechos de las audiencias al control de las conciencias.

Las audiencias tienen derecho a recibir información plural, contrastada y responsable.

Lo que ningún gobierno tiene es el derecho de decidir qué debemos pensar.

El baile del bienestar

Mientras se multiplican las acusaciones, los escándalos y las evidencias de penetración criminal, el régimen permanece protegido por la impunidad y un país que parece haber dejado de incomodarse.

En otro tiempo, la imagen de un gobernador bailando despreocupadamente mientras enfrenta una acusación internacional habría provocado una crisis política. En el México del bienestar, apenas alcanza para alimentar durante unas horas la indignación de las redes sociales.

El video difundido este fin de semana muestra presuntamente al gobernador con licencia de Sinaloa bailando durante una reunión privada en Badiraguato. No existe confirmación oficial sobre la fecha, el lugar ni el contexto exacto de la grabación. Tampoco constituye una prueba adicional en su contra, su fuerza no está en lo jurídico, sino en lo simbólico: representa a un hombre que parece convencido de que, independientemente de lo que se publique, investigue o denuncie, nada verdaderamente grave habrá de ocurrirle.

Y hasta ahora tiene razones para creerlo.

El bailarín de Badiraguato no enfrenta únicamente rumores propagados por adversarios políticos, recordemos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en actividades de narcotráfico y protección criminal. Es cierto, se trata de una imputación judicial, no de una sentencia; pero tampoco de una conversación de redes sociales.

El gobernador pidió licencia. Palacio Nacional exigió más pruebas. Morena cerró filas y las autoridades mexicanas anunciaron que revisarían la información. Después del estruendo inicial, el caso comenzó a internarse en ese territorio nebuloso donde las investigaciones pueden existir durante años sin acercarse jamás a una consecuencia.

El señalado dejó temporalmente el cargo, pero no perdió la protección política. No comparece ante un tribunal mexicano ni se conoce una investigación nacional proporcional a la gravedad de las imputaciones. Tal es la confianza que ahora puede aparecer bailando mientras Sinaloa continúa enterrando víctimas y el Estado mexicano sigue discutiendo si los documentos estadounidenses resultan suficientemente convincentes.

Eso es el baile del bienestar: no la ausencia de escándalos, sino la tranquilidad de quienes saben que los escándalos ya no producen consecuencias.

Tal como los propios legisladores del régimen lo han dicho, Rocha Moya no está solo. El “hermano Adán” dejó la coordinación de Morena en el Senado, pero continúa como legislador y recibió una encomienda todavía más importante: trabajar en la estrategia política y territorial del partido rumbo a 2027. No fue apartado de la vida pública ni obligado a rendir cuentas. Simplemente cambió de pista.

Las preguntas sobre su responsabilidad política por haber nombrado secretario de Seguridad de Tabasco al líder de "La Barredora" siguen sin encontrar respuestas convincentes. El lacayo ocupó el cargo durante varios años bajo su gobierno y fue detenido después de una búsqueda internacional y por si fuera poco, al notario con licencia se le agregan informaciones sobre empresas, ingresos, relaciones políticas y posibles conexiones de personajes cercanos con redes de contrabando de combustible.

Nada de esto acredita automáticamente la culpabilidad penal del senador tabasqueño, pero en una democracia funcional, semejante acumulación de indicios, relaciones y responsabilidades debería activar investigaciones exhaustivas, comparecencias públicas y mecanismos de rendición de cuentas.

En el México de la 4T ocurre lo contrario: cada nuevo señalamiento es respondido con una frase que funciona como escudo del régimen: “Que presenten las pruebas”.

La presunción de inocencia es un derecho, pero la presunción de irrelevancia es una construcción política de la Cuarta Transformación.

Algo semejante ocurre en Baja California. La aún gobernadora reconoció haber participado en conversaciones relacionadas con la recuperación de su visa estadounidense, aunque sostiene que fue víctima de una trampa organizada por el exgobernador Jaime Bonilla. En las grabaciones se habla de información en materia de seguridad y de gestiones realizadas mediante intermediarios y abogados en Estados Unidos.

Ése es precisamente el problema: frente a un asunto de seguridad nacional no se observa una investigación mexicana independiente, pública y contundente. Predomina una operación de control de daños destinada a repartir culpas, desacreditar a los intermediarios y esperar a que el siguiente escándalo sustituya al anterior.

En Zacatecas, la situación ha adquirido tintes todavía más infames. Diez personas fueron privadas de la vida —cinco de ellas abandonadas en un puente— y un grupo armado difundió un video en el que se atribuyó la masacre, amenazó al gobernador de la dinastía gobernante y habló de presuntos acuerdos con autoridades. El gobierno estatal ha rechazado esas afirmaciones e incluso sostiene que el video presenta inconsistencias y podría tratarse de un montaje.

Nada permite asumir como verdaderas las palabras de una organización criminal. Pero el solo hecho de que un grupo armado se considere capaz de dirigirse públicamente a un gobernador, hablar de supuestos pactos y disputar la narrativa del Estado muestra el nivel de degradación institucional alcanzado.

Aquí la incómoda verdad: El crimen organizado ya no sólo combate al gobierno. Lo emplaza, lo acusa, lo amenaza y pretende exhibirlo como un actor más dentro de una negociación territorial.

Detrás de estos episodios aparece el huachicol fiscal: una gigantesca estructura de contrabando, evasión tributaria, corrupción aduanera, empresas fachada y protección institucional. Una industria criminal de esas dimensiones difícilmente podría funcionar sin la participación, tolerancia o negligencia de funcionarios, empresarios, operadores financieros y responsables de puertos y aduanas.

Una de las redes investigadas habría movilizado alrededor de 800 millones de litros de gasolina y diésel en quince meses, causando un daño fiscal estimado en miles de millones de pesos. En este caso aparecen empresarios y personajes relacionados con el PAN, incluido el exgobernador Ernesto Ruffo, lo cual revela que el negocio rebasa las fronteras partidistas.

Pero el problema político para la Cuarta Transformación permanece: semejante maquinaria creció y operó durante los años en que el gobierno aseguraba haber terminado con el robo de combustible y presumía un control sin precedentes sobre aduanas, puertos y fuerzas armadas.

La conversación pública, sin embargo, fragmenta el fenómeno. Se habla de un barco, un empresario, un marino, una aduana o un funcionario aislado, pero rara vez de la arquitectura institucional que permitió que todo funcionara durante años.

Y, pese a todo, al régimen no le pasa nada.

Fuera de algunos espacios periodísticos, medios digitales y cuentas críticas, la indignación parece confinada a una burbuja. Las redes se saturan de denuncias durante unas horas, pero la vida pública continúa como si la acumulación de escándalos fuera una nueva modalidad de entretenimiento.

Si el cuestionamiento proviene de los medios del Ajusco, el régimen responde hablando de sus intereses; si aparece en las redes, lo atribuye a campañas pagadas; si llega desde Estados Unidos, lo denuncia como amenaza a la soberanía así, el gobierno nunca discute el fondo. Descalifica al mensajero, administra el escándalo y espera.

Pero el problema más profundo no está solamente en Palacio Nacional. Está también en un país que parece haber perdido la capacidad de incomodarse.

La ciudadanía observa, comenta, comparte y después desliza el dedo hacia la siguiente publicación. La exigencia de transparencia se ha convertido en consigna de minorías; la rendición de cuentas parece una aspiración académica y la aplicación imparcial de la ley, una utopía que ni siquiera muestra deseos de asomarse.

El régimen no necesita demostrar que todos sus integrantes son inocentes. Le basta con conseguir que la sociedad se canse antes de que las investigaciones concluyan.

Por eso 2027 será algo más que una elección intermedia. Será la oportunidad para saber si la Cuarta Transformación conserva intacta su capacidad para transformar impunidad en votos, escándalos en propaganda y acusaciones en agravios contra la patria.

La alternativa más preocupante sería que México terminara esperando que Washington hiciera lo que sus propias instituciones no se atreven a realizar. Las acusaciones penales, sanciones financieras, cancelaciones de visas y solicitudes de extradición pueden aumentar la presión, pero ningún acto del gobierno estadounidense constituye un gesto de piedad ni una solución democrática para nuestro país.

Esperar que el vecino del norte venga a impartir la justicia que el Estado mexicano se niega a aplicar no es traición a la patria, es la confesión final de nuestro fracaso republicano.

Mientras tanto, Rocha Moya baila.

Y quizá ésa sea la representación más exacta del momento nacional: un personaje rodeado por acusaciones, protegido políticamente y además suficientemente tranquilo para celebrar mientras el país contempla la escena desde una pantalla.

No sabemos todavía si ese baile es la expresión anticipada de su impunidad, lo que sí sabemos es que, hasta ahora, nadie ha conseguido detener la música.

La Epístola del Bienestar.

Los expresidentes suelen escribir memorias, algunos escriben artículos, otros ofrecen conferencias, participan en fundaciones o dedican sus años de retiro a comentar discretamente los acontecimientos de su tiempo. Pero AMLO decidió escribir una carta a Donald Trump. El gesto sería perfectamente normal si no existiera un detalle incómodo: México tiene presidenta.

Durante años, la política mexicana conoció cartas memorables recordemos que Juárez escribió desde la resistencia republicana, Carranza intercambió mensajes con Washington en momentos decisivos para la soberanía nacional, Cárdenas entendió el peso de la palabra presidencial cuando dialogó con Roosevelt en los años más complejos de la expropiación petrolera. Aquellas cartas nacían desde el ejercicio formal del poder.

Pero la reciente misiva enviada desde Palenque nace desde una condición mucho más peculiar: la de un expresidente retirado que interviene públicamente en una controversia internacional mientras existe una presidenta constitucional encargada de conducir la política exterior del país. Ahí comienza el verdadero interés del episodio.

Porque más allá del contenido de la carta, lo relevante es lo que revela la "Epístola del Bienestar" y hablamos de tres efectos simultáneos:

El primero, político porque la carta debilita inevitablemente a Claudia Sheinbaum. No porque contradiga sus posiciones ni porque cuestione su autoridad de manera explícita, sino porque transmite una imagen difícil de evitar: cuando la presión aumenta, cuando Washington endurece el tono y cuando aparecen acusaciones incómodas contra actores cercanos al movimiento, el fundador considera necesario abandonar su retiro para intervenir personalmente. La pregunta surge sola: Si la presidenta conduce la política exterior, ¿por qué el expresidente necesita fijar posición?

El segundo efecto es psicológico. El sermón escrito por AMLO transmite una sensación que el oficialismo probablemente no pretendía comunicar: preocupación, no necesariamente culpabilidad o responsabilidad, pero sí preocupación.

Porque nadie abandona voluntariamente el silencio que tanto esfuerzo costó construir si considera que no existe riesgo alguno.

Durante meses, López Obrador fue presentado como una figura retirada de la vida pública, un observador distante dedicado a escribir, descansar y recorrer los senderos de Palenque; sin embargo, la aparición de esta carta sugiere que ciertas circunstancias siguen siendo capaces de convocarlo nuevamente al debate político. Y eso, inevitablemente, genera preguntas.

El tercer efecto es diplomático. Porque la carta parece dirigirse a Donald Trump, pero al mismo tiempo identifica un adversario mucho más concreto: Marco Rubio. La tesis implícita resulta llamativa: No sería la Casa Blanca la responsable de las tensiones recientes, sino determinados actores que estarían influyendo en las decisiones de Washington.

Es una apuesta arriesgada, porque supone, en los hechos, que el presidente estadounidense puede ser manipulado y esa no es una sana crítica al poder, sino una denotación al liderazgo de Trump.

No obstante y más allá de estos tres efectos, lo más interesante no es el contenido de la carta sino lo que revela sobre el movimiento que la inspira.

Durante años, la 4T construyó una narrativa basada en la idea de una renovación histórica del poder político mexicano, una transición moral, una nueva etapa institucional.

Sin embargo, cada vez que aparece una crisis importante, el debate público vuelve a girar alrededor de la misma figura, como si Palenque siguiera funcionando como una oficina alterna de consulta política, como si el expresidente continuara siendo, para amplios sectores del movimiento, la autoridad moral definitiva.

Y eso nos devuelve a varias preguntas que siguen sin respuesta:

¿Estamos observando a una expresidenta acompañada por el legado de su antecesor?

¿O estamos observando a un expresidente que no termina de abandonar el poder?

Porque las cartas tienen algo curioso: a veces dicen mucho más sobre quien las escribe que sobre quien las recibe y esta Epístola del Bienestar parece decir una sola cosa con extraordinaria claridad: el retiro político de López Obrador sigue siendo una de las ficciones más difíciles de sostener en la vida pública mexicana.