- 23 feb
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Ayer las redes y los noticieros dieron cuenta de algo más que un operativo. Vimos un experimento social en tiempo real: ¿qué pasa cuando el Estado toca el centro nervioso de una organización criminal y el país amanece con el precio de esa decisión cargado en la espalda de la gente?
El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, fue presentado (de manera tardía y a cuentagotas) como un golpe mayor, incluso como una inflexión histórica. El gabinete de seguridad de México y la prensa internacional lo trataron como se presumen los trofeos: con titulares grandes y adjetivos mayores.
Operativo militar en Tapalpa, inteligencia (también estadounidense), traslado y deceso, y después—como si fuera una escena inevitable—la reacción: bloqueos, vehículos incendiados, suspensión de actividades, carreteras comprometidas, comercios cerrados, miedo.
Hay que reconocer con amplitud y admiración la actuación de las fuerzas armadas, ese no es el problema. Lo grave radica en el “día después”. Porque ahí es donde se prueba si el Estado gobierna… o si simplemente ejecuta operaciones (por convicción o por presión) y luego reacciona al incendio.
A lo largo del día y alentada desde la conferencia de palacio nacional, la conversación pública se está quedando en una trampa cómoda: “cayó el capo; ganó el gobierno”. Esa frase es útil para la palestra mañanera, pero insuficiente para la realidad. En política pública, los hechos no se evalúan por su potencia simbólica, sino por su capacidad de reducir daño social de manera sostenida. Y lo que vimos ayer fue, precisamente, la demostración inversa: la violencia no solo mata; administra la vida cotidiana.
Cuando un grupo criminal del índole y perfil que sea, puede paralizar regiones con bloqueos y quema de vehículos, no estamos ante “reacción” únicamente. Estamos ante un mensaje de poder fáctico: “somos capaces de apagar el interruptor de la normalidad cuando queramos”.
Dicho con objetividad: el abatimiento de un líder puede ser un éxito táctico, pero por sí mismo no demuestra éxito estratégico. ¿Por qué? Porque la seguridad pública no es un concurso de cacería; es un sistema de capacidades: control territorial, inteligencia, investigación, coordinación, justicia y prevención. En México se ha repetido—con distintos gobiernos—la tentación de vender el golpe como estrategia. Y después se descubre que la estrategia era el golpe.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 habla de cuatro ejes, con una consigna que el oficialismo ha repetido como mantra: “atención a las causas”. Ahí está, en documentos oficiales: atender causas, consolidar fuerzas, fortalecer inteligencia e investigación y coordinar instituciones.
Pero ayer ocurrió lo que casi nadie quiere decir en voz alta: la brecha es amplísima entre el discurso de “causas” y la realidad del “fuego”. Un operativo como el que se vivió en Jalisco, pertenece al mundo duro de la coerción estatal: inteligencia, despliegue, fuerza, coordinación. Lo cual está bien: un Estado que renuncia a la coerción renuncia a su existencia. Lo grave es que el Estado parezca confiar en la coerción como si fuera el sustituto de todo lo demás.
“Atender las causas” es, por definición, un trabajo de mediano plazo: escuela, empleo, salud, reconstrucción del tejido social, prevención. Pero México no puede por años con la esperanza puesta en el “mediano plazo” mientras la normalidad es rehén del corto plazo. Si el eje de causas no reduce reclutamiento, rentas criminales y control local, cada golpe táctico se convierte en un incentivo para la represalia: cae uno, suben otros; cae un rostro pero queda intacta la máquina.
Entonces, ¿qué se mide después de un abatimiento? No el aplauso, no el trending, no la nota internacional.
Se mide la elasticidad social ante la violencia: cuántas horas tarda en recuperarse la movilidad, cuánta geografía se incendia, cuánta economía se apaga, cuántas escuelas cancelan actividades, cuántas rutas quedan bloqueadas, cuántas familias cambian su rutina por miedo. Ese es el indicador de control real. Por eso la información de cierres y afectaciones económicas importa tanto como la narrativa del “gran golpe”.
Y aquí viene el punto que pocos queremos ver: un Estado que necesita un “día después” para demostrar control, todavía no controla.
Porque el Estado no se acredita cuando derriba; se acredita cuando sostiene. Sostiene el flujo de mercancías, el transporte, la paz en los municipios, la operación de la ciudad, la escuela, el hospital, la carretera, el comercio, cuando verdaderamente acompaña la vida cotidiana de la gente, cuando sostiene la tranquilidad básica: esa que solo se nota cuando desaparece.
No se trata de llorar por un capo. Se trata de dejar de mentirnos con la narrativa del trofeo. Si el resultado del golpe es una jornada de terror expandida a múltiples territorios, el éxito táctico viene acompañado de un dato político: el crimen conserva tantas capacidades de coerción social como el estado mismo.
¿Se puede, aun así, celebrar el abatimiento? Sí. Pero con una condición: que sea el inicio de un ciclo de fortalecimiento institucional y control territorial, no el cierre cinematográfico de la estrategia. Lo contrario es propaganda.
La pregunta desde Faro Analítico no es si “ganó EEUU o México cedió”. La pregunta es: ¿quién gobierna hoy la calle? Y si la respuesta depende de si el crimen “permite” que trabajes, transites y vivas, entonces la victoria fue, como tantas veces, un encabezado… y el costo, una factura social.