México entre la soberanía y la presión en materia de seguridad (parte 2).

Tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y el impacto en el tablero geopolítico de la región, la atención se ha desplazado con fuerza hacia México y su política exterior frente a Estados Unidos.

En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido al canciller para que se traslade a Washington a entablar un diálogo directo con altos funcionarios estadounidenses, particularmente en materia de combate al narcotráfico y coordinación bilateral en seguridad. 

Este movimiento, más allá de ser una respuesta protocolaria, parece surgir como una reacción pragmática ante la intensa presión ejercida por la administración de Donald Trump, que ha señalado con insistencia que «algo habrá que hacer» en relación con el narcotráfico —acusando a los cárteles mexicanos de controlar amplias zonas del país— y, en ocasiones, sugiriendo incluso la posibilidad de acciones más duras para enfrentar al crimen organizado después de la operación militar en Venezuela. 

La instrucción de la presidenta al canciller no debe leerse al margen de este contexto: se trata de un acto de diplomacia reactiva, destinado a mostrar disposición al diálogo con Washington, pero que al mismo tiempo pone en evidencia una tensión fundamental en la política exterior mexicana. Por un lado, la administración de la Cuarta Transformación vocifera su adhesión a los principios constitucionales de no intervención y defensa de la soberanía nacional; por otro, cede espacio a un tipo de interlocución que responde más a las prioridades expresadas desde Estados Unidos que a una agenda estratégica propia y autónoma. 

Este giro aparente plantea una dicotomía preocupante: México insiste en que la cooperación en seguridad debe darse bajo condiciones de colaboración sin subordinación, pero simultáneamente se ve impulsado a prestar cuentas ante la Casa Blanca por temas que tradicionalmente serían asumidos como asuntos internos. La decisión de mandar al canciller a Washington no solo es un gesto diplomático: es una señal de que el gobierno mexicano ha asumido un rol reactivo, condicionado por las expectativas y las presiones del socio del norte. 

Mientras tanto, el discurso oficial continúa insistiendo en la no intervención —rechazando, incluso, cualquier posibilidad de incursión militar estadounidense en México— y enfatizando la cooperación técnica y de inteligencia para frenar el flujo de drogas y armas. Sin embargo, esta narrativa oficial choca con el aumento de amenazas explícitas desde Washington, que han presentado a los cárteles como una amenaza de seguridad nacional y han sugerido medidas que trascienden el marco de la cooperación tradicional. 

La contradicción resulta inevitable: el gobierno de la 4T parece acorralado entre la necesidad de atender las inquietudes de Trump y su propia retórica de soberanía firme. Este empuje y tirón se traduce en una política exterior que oscila entre la búsqueda de legitimidad internacional —especialmente ante el caso de Venezuela y la presión por alinearse con Estados Unidos en materia de seguridad— y una persistente, aunque muchas veces retórica, simpatía con gobiernos populistas de la región. Esa doble cara diluye la claridad estratégica y genera un terreno fértil para críticas y malentendidos tanto en el ámbito doméstico como en el internacional.

Peor aún, esta ambivalencia se enreda con un problema persistente: las inevitables y soterradas conexiones entre algunos sectores del Estado mexicano y los grandes cárteles de la droga, una realidad que no ha sido resuelta y que, en algunos casos, ha sido señalada por analistas como un factor que complica y distorsiona los esfuerzos de coordinación con Estados Unidos. Esta mezcla de presión externa, soberanía discursiva y vínculos ocultos convierte la política exterior mexicana en un campo de tensiones que exige definiciones claras y valientes, no solo gestos diplomáticos reactivos.

En este contexto, es urgente preguntar: ¿seguirá México priorizando la retórica de soberanía o asumirá finalmente una postura estratégica autónoma que articule de manera coherente sus intereses nacionales, su política exterior y la realidad regional? La respuesta determinará no solo el rumbo de las relaciones bilaterales con Washington, sino la posición de México en una América Latina que está siendo reconfigurada por fenómenos de fuerza, poder y redefinición institucional.

2026...derrumbe anunciado: Maduro, el populismo latinoamericano y la sombra de Trump.

La caída de Nicolás Maduro, hasta hace apenas unas horas presidente–dictador de Venezuela, no puede leerse como un hecho aislado ni como una simple anécdota del siempre convulso tablero latinoamericano. Se trata, más bien, de un episodio largamente anunciado, incubado por años de autoritarismo, colapso institucional, devastación económica y una desconexión absoluta entre el poder y la realidad social.

Maduro no cae únicamente por la presión externa o por el desgaste natural de un régimen agotado; cae porque el modelo que encarnó —el populismo autoritario sostenido en la retórica revolucionaria y en la negación sistemática de los contrapesos democráticos— ha mostrado su fracaso de manera contundente. La narrativa se agotó. El control se volvió insostenible. El miedo dejó de ser suficiente.

Pero el hecho adquiere una dimensión mayor cuando se observa el contexto geopolítico que lo rodea. La acción, ampliamente anunciada y cuidadosamente ejecutada, lleva inevitablemente la impronta del ímpetu imperialista de Donald Trump, quien vuelve a colocarse como un actor central en la redefinición del orden regional. Para algunos, su intervención representa una inadmisible intromisión en la soberanía de los pueblos; para otros, un acto necesario —aunque incómodo— para abrir la puerta al rescate de la democracia en una región secuestrada por caudillos y proyectos personalistas.

Esa ambivalencia no es menor. Trump enfrenta, simultáneamente, la crítica internacional por su lógica injerencista y el aplauso de quienes ven en su acción un golpe directo al corazón del populismo latinoamericano. Porque si algo resulta evidente tras la caída de Maduro, es que el episodio venezolano puede convertirse en el primer dominó de una cadena más amplia: el cuestionamiento frontal a gobiernos que, bajo el disfraz de la voluntad popular, han erosionado libertades, capturado instituciones y normalizado la excepcionalidad autoritaria en América Latina.

Pero en este nuevo tablero regional, la incógnita más relevante ya no está en Caracas, sino en México. La caída de Maduro obliga a replantear el papel de los gobiernos que, por convicción ideológica o por cálculo político, optaron durante años por la ambigüedad frente al autoritarismo latinoamericano. La política exterior mexicana, históricamente anclada en la no intervención, enfrenta hoy una prueba de coherencia y de vigencia.

La pregunta no es menor: ¿puede México seguir invocando principios del siglo XX para enfrentar una realidad geopolítica radicalmente distinta? ¿O estamos ante el momento de redefinir su postura internacional, asumiendo un papel más activo en la defensa democrática regional, aun cuando ello implique tensiones diplomáticas y costos internos?

La respuesta, inevitablemente, tendrá efectos directos en su relación con Estados Unidos, particularmente bajo la influencia de un liderazgo que no distingue entre diplomacia tradicional y presión estratégica. Lo que México decida —o evite decidir— marcará no solo su lugar en el reordenamiento latinoamericano, sino también el tipo de país que aspira a ser en un entorno internacional cada vez menos tolerante con la simulación política.

De ello hablaremos en la segunda parte: de México, de su política exterior y del dilema histórico entre la neutralidad cómoda y la responsabilidad democrática.

El estallido que sacudió a Michoacán (otra vez).

El sábado, Michoacán volvió a aparecer en el mapa de la violencia con un hecho que debería sacudir al país: la detonación de un coche bomba en Coahuayana, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Una escena propia de estados fallidos o zonas de guerra se consumó en territorio mexicano, dejando claro que la capacidad operativa del crimen organizado ha escalado a niveles que el gobierno insiste en minimizar.

Lo más revelador no fue solo el estallido, sino la reacción del Estado. La Fiscalía General de la República reconoció inicialmente que se trató de un acto terrorista, una clasificación que corresponde plenamente a la definición legal contenida en el Código Penal Federal: el empleo de explosivos con el fin de provocar alarma, temor y afectar la seguridad nacional.

Sin embargo, pocas horas después, el discurso oficial mutó.

Lo que primero era terrorismo pasó a ser descrito como “un acto de delincuencia organizada”.Eufemismo mediante, el gobierno volvió a su libreto habitual: negar la realidad, reducir la gravedad de los hechos y reacomodar la narrativa para que encaje en el guion político de la Cuarta Transformación.

El problema es que la ley no se adapta a la conveniencia política. Técnicamente, sí estamos ante un acto terrorista. Pero aceptarlo implica abrir una caja de resonancia geopolítica que el gobierno federal ha evitado a toda costa. Significaría reconocer que los cárteles mexicanos sí cumplen con los elementos que Estados Unidos ha señalado para catalogarlos como organizaciones terroristas extranjeras. Aceptar esa lectura no solo desmoronaría el relato oficial, sino que abriría la puerta a presiones y exigencias internacionales que el régimen no está dispuesto a enfrentar.

Por eso el Estado mexicano opta por lo cómodo: llamar “delincuencia organizada” a un acto que, por su naturaleza, repercute directamente en la seguridad nacional y exhibe la fragilidad institucional en amplias zonas del país.

Mientras tanto, el sábado —el mismo día del estallido— en la Ciudad de México se desarrollaba la celebración del séptimo aniversario del inicio de la Cuarta Transformación. Un evento que fue presentado como una fiesta popular, pero que en realidad funcionó como una puesta en escena, cuidadosamente diseñada, para reforzar la narrativa de logros, estabilidad y “pacificación”, un país de fantasía que solo existe en el papel y en las mañaneras.

La distancia entre el discurso y la realidad es abismal. Mientras en el Zócalo se escuchaban palabras de triunfo y autocomplacencia, en Michoacán estallaba un coche bomba; y en decenas de regiones del país la vida cotidiana se desenvuelve bajo la sombra de la violencia y la ausencia del Estado.

La 4T insiste en celebrar un país que no existe y en negar el que sí existe. El estallido en Coahuayana no solo fue un ataque: fue un recordatorio brutal de la ingobernabilidad silenciosa que se extiende en amplias zonas de México y del costo que tiene sostener una narrativa desconectada de la realidad.

La seguridad no se atiende con discursos ni con celebraciones. Y mientras el gobierno se aferra a su versión edulcorada de la historia, el país sigue caminando sobre un terreno cada vez más inestable.