La Epístola del Bienestar.

Los expresidentes suelen escribir memorias, algunos escriben artículos, otros ofrecen conferencias, participan en fundaciones o dedican sus años de retiro a comentar discretamente los acontecimientos de su tiempo. Pero AMLO decidió escribir una carta a Donald Trump. El gesto sería perfectamente normal si no existiera un detalle incómodo: México tiene presidenta.

Durante años, la política mexicana conoció cartas memorables recordemos que Juárez escribió desde la resistencia republicana, Carranza intercambió mensajes con Washington en momentos decisivos para la soberanía nacional, Cárdenas entendió el peso de la palabra presidencial cuando dialogó con Roosevelt en los años más complejos de la expropiación petrolera. Aquellas cartas nacían desde el ejercicio formal del poder.

Pero la reciente misiva enviada desde Palenque nace desde una condición mucho más peculiar: la de un expresidente retirado que interviene públicamente en una controversia internacional mientras existe una presidenta constitucional encargada de conducir la política exterior del país. Ahí comienza el verdadero interés del episodio.

Porque más allá del contenido de la carta, lo relevante es lo que revela la "Epístola del Bienestar" y hablamos de tres efectos simultáneos:

El primero, político porque la carta debilita inevitablemente a Claudia Sheinbaum. No porque contradiga sus posiciones ni porque cuestione su autoridad de manera explícita, sino porque transmite una imagen difícil de evitar: cuando la presión aumenta, cuando Washington endurece el tono y cuando aparecen acusaciones incómodas contra actores cercanos al movimiento, el fundador considera necesario abandonar su retiro para intervenir personalmente. La pregunta surge sola: Si la presidenta conduce la política exterior, ¿por qué el expresidente necesita fijar posición?

El segundo efecto es psicológico. El sermón escrito por AMLO transmite una sensación que el oficialismo probablemente no pretendía comunicar: preocupación, no necesariamente culpabilidad o responsabilidad, pero sí preocupación.

Porque nadie abandona voluntariamente el silencio que tanto esfuerzo costó construir si considera que no existe riesgo alguno.

Durante meses, López Obrador fue presentado como una figura retirada de la vida pública, un observador distante dedicado a escribir, descansar y recorrer los senderos de Palenque; sin embargo, la aparición de esta carta sugiere que ciertas circunstancias siguen siendo capaces de convocarlo nuevamente al debate político. Y eso, inevitablemente, genera preguntas.

El tercer efecto es diplomático. Porque la carta parece dirigirse a Donald Trump, pero al mismo tiempo identifica un adversario mucho más concreto: Marco Rubio. La tesis implícita resulta llamativa: No sería la Casa Blanca la responsable de las tensiones recientes, sino determinados actores que estarían influyendo en las decisiones de Washington.

Es una apuesta arriesgada, porque supone, en los hechos, que el presidente estadounidense puede ser manipulado y esa no es una sana crítica al poder, sino una denotación al liderazgo de Trump.

No obstante y más allá de estos tres efectos, lo más interesante no es el contenido de la carta sino lo que revela sobre el movimiento que la inspira.

Durante años, la 4T construyó una narrativa basada en la idea de una renovación histórica del poder político mexicano, una transición moral, una nueva etapa institucional.

Sin embargo, cada vez que aparece una crisis importante, el debate público vuelve a girar alrededor de la misma figura, como si Palenque siguiera funcionando como una oficina alterna de consulta política, como si el expresidente continuara siendo, para amplios sectores del movimiento, la autoridad moral definitiva.

Y eso nos devuelve a varias preguntas que siguen sin respuesta:

¿Estamos observando a una expresidenta acompañada por el legado de su antecesor?

¿O estamos observando a un expresidente que no termina de abandonar el poder?

Porque las cartas tienen algo curioso: a veces dicen mucho más sobre quien las escribe que sobre quien las recibe y esta Epístola del Bienestar parece decir una sola cosa con extraordinaria claridad: el retiro político de López Obrador sigue siendo una de las ficciones más difíciles de sostener en la vida pública mexicana.

La República de las excepciones...

Las democracias no empiezan a morir cuando desaparecen las leyes, mueren cuando las leyes siguen existiendo, pero dejan de aplicarse con el mismo rigor para todos.

Durante las últimas semanas, la conversación pública mexicana ha transitado por un camino extraño, lo que comenzó con cuestionamientos sobre privilegios, uso discrecional de recursos públicos y expedientes incómodos terminó desembocando en una discusión sobre soberanía nacional, injerencia extranjera y defensa de las instituciones. El episodio más reciente ilustra perfectamente el fenómeno.

Ante los señalamientos y acusaciones que han surgido desde Estados Unidos contra diversos actores políticos mexicanos, la respuesta presidencial ha insistido en denunciar intentos de intervención y posibles intromisiones en la vida pública nacional.

Lo verdaderamente llamativo es que, una vez más, la discusión terminó girando alrededor de Estados Unidos y no alrededor de aquello que dio origen al conflicto: el narcotráfico, la violencia y la sospecha de que, en algunos territorios del país, los grupos criminales han dejado de desafiar al Estado para empezar a confundirse con él.

Y ahí aparece el verdadero problema, porque la pregunta relevante no es si Washington pretende convertirse en el gran elector de México. La pregunta relevante es por qué la conversación nacional evita sistemáticamente discutir hasta qué punto ciertas regiones han visto erosionada la capacidad efectiva del Estado para ejercer plenamente sus funciones y esa es una diferencia fundamental.

Cuando el debate se concentra exclusivamente en la soberanía nacional, se corre el riesgo de convertir el síntoma en protagonista y esconder la enfermedad detrás del discurso patriótico. La soberanía importa, la autodeterminación importa, la defensa de las instituciones importa. Pero ninguna de ellas elimina una realidad que millones de mexicanos conocen de primera mano: existen zonas del país donde la autoridad formal convive con poderes de facto que condicionan actividades económicas, seguridad pública, procesos electorales y formas de gobierno local.

Negarlo no fortalece al Estado; lo debilita. Porque, aunque no les guste en la 4T: los problemas no desaparecen cuando se les cambia de nombre.

Durante esta serie hemos hablado de privilegios normalizados, de expedientes que generan nerviosismo político, de liderazgos cuya sombra sigue proyectándose sobre el poder formal y de economías criminales que parecen haber aprendido a coexistir con determinadas estructuras institucionales. A primera vista parecen temas distintos y no lo son.

Todos apuntan hacia el mismo fenómeno: la construcción progresiva de una República de las excepciones.

• La excepción para el aliado político.

• La excepción para el funcionario cercano.

• La excepción para quien pertenece al movimiento correcto.

• La excepción para quien puede invocar una causa superior como justificación.

Y toda excepción reiterada produce el mismo efecto: la ley deja de ser un principio general y se convierte en un instrumento selectivo y entonces sí: se es el punto donde las democracias comienzan a deteriorarse. No cuando desaparecen las normas sino cuando las normas dejan de ser iguales para todos.

Por eso resulta insuficiente responder a cada señalamiento con argumentos de soberanía o con denuncias de conspiración externa el problema va más allá de quién formula la acusación, el problema es la existencia de condiciones que vuelven creíbles determinadas acusaciones ante una parte creciente de la opinión pública.

Si la preocupación internacional encuentra eco dentro del país, quizá la discusión no debería comenzar preguntando quién habla desde Washington, quizá debería comenzar preguntando qué está ocurriendo dentro de México.

Para cerrar: el verdadero riesgo no es que una potencia extranjera aspire a influir en nuestras decisiones, el verdadero riesgo es descubrir que, en algunos territorios, las decisiones ya no dependen exclusivamente del Estado mexicano, ahí es donde la soberanía deja de ser una consigna y vuelve a convertirse en un desafío real.

Y esa es una conversación mucho más incómoda, quizá por eso se evita, porque obligaría al Estado mexicano a reconocer que el problema de fondo no es Washington, no es una conferencia de prensa, no es un comunicado diplomático, no es una disputa retórica entre gobiernos, sino que hoy demasiadas personas comienzan a creer que la ley siempre debe aplicarse... a alguien más.

Combustible de impunidad...

El combustible ilegal no circula solo. Necesita carreteras, aduanas, permisos, silencios, firmas, protección y funcionarios dispuestos a mirar hacia otro lado.

Durante años, el huachicol fue presentado como un problema de ordeña clandestina, bandas regionales y crimen organizado robando combustible en ductos perdidos entre montañas y carreteras federales. Esa narrativa era útil porque simplificaba el problema. Permitía imaginar a delincuentes aislados perforando tuberías mientras el Estado combatía heroicamente el delito desde la legalidad.

Pero el huachicol fiscal vino a destruir esa ficción. Porque el combustible que entra ilegalmente al país, evade impuestos, altera registros, cruza aduanas, se distribuye masivamente y termina circulando en redes comerciales, no puede existir solamente gracias a delincuentes con bidones y camionetas, necesita algo mucho más sofisticado: estructuras de protección, redes administrativas, tolerancia institucional y demasiada gente interesada en que ciertas preguntas nunca se formulen. Ahí empieza el verdadero problema.

La Cuarta Transformación prometió limpiar las instituciones, prometió barrer la corrupción, recuperar las aduanas, sanear puertos y devolverle al Estado el control de espacios estratégicos capturados por intereses criminales y económicos. Parte de esa narrativa descansó en la militarización de áreas sensibles. La Secretaría de Marina y las Fuerzas Armadas fueron presentadas como garantía moral, como estructuras incorruptibles capaces de hacer lo que las instituciones civiles no pudieron.

Cuando aparecen expedientes ligados al huachicol fiscal que alcanzan mandos navales, operadores aduanales, estructuras financieras y redes de protección política, el problema deja de ser un simple caso criminal para convertirse en una pregunta institucional: ¿qué tan profundo llegó la descomposición? Ese es el punto que el discurso oficial intenta evitar.

Porque el huachicol fiscal no mueve solamente gasolina. Mueve dinero, campañas, protección territorial, financiamiento político, lealtades burocráticas y redes económicas demasiado rentables para ser ignoradas. No es un delito marginal, es una economía paralela que solo puede crecer cuando demasiadas piezas del aparato institucional deciden coexistir con ella. Hay delitos que prosperan gracias a la violencia. Otros prosperan gracias al silencio administrativo y el huachicol fiscal pertenece a la segunda categoría.

Porque cuando una economía criminal logra operar durante años alrededor de puertos, aduanas, rutas comerciales, sistemas fiscales y estructuras regulatorias, la discusión deja de ser infiltración y empieza a parecer convivencia estructural.

Durante mucho tiempo, la política mexicana utilizó la idea de “Estado infiltrado” para explicar la corrupción. Era una narrativa relativamente cómoda: el crimen organizado penetraba instituciones débiles y contaminaba servidores públicos vulnerables. Pero lo que empieza a dibujarse hoy parece más complejo y más peligroso, no siempre parece infiltración; parece adaptación mutua.

El crimen aprende cómo operar alrededor del Estado y ciertas áreas del Estado aprenden cómo sobrevivir alrededor de economías criminales sin romper completamente el equilibrio político. Ahí nace la zona gris donde desaparecen las fronteras morales y administrativas. La zona donde todos dicen combatir el problema mientras demasiados actores obtienen beneficios indirectos de su existencia.

Por eso resulta insuficiente responder a cada escándalo con el mismo manual discursivo: “no hay pruebas”, “es un ataque político”, “la soberanía no se negocia”, “la oposición quiere desestabilizar”.

Porque incluso las instituciones que fueron presentadas como símbolo de limpieza moral y disciplina nacional empiezan a aparecer bajo sospecha pública. Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona es la confianza en la capacidad del Estado para vigilarse a sí mismo.

La crisis de Sinaloa, las acusaciones provenientes de Estados Unidos, el nerviosismo visible en sectores del oficialismo, la defensa automática de ciertos cuadros políticos y ahora los expedientes relacionados con huachicol fiscal empiezan a dibujar una imagen más incómoda: la de un poder político que no siempre parece combatir ciertas redes, sino administrar sus consecuencias.

Eso cambia completamente la discusión. Porque una cosa es un Estado infiltrado por el crimen y otra muy distinta es un Estado que aprende a convivir con ciertas dinámicas criminales mientras mantengan estabilidad política, flujo económico o gobernabilidad territorial y cuando esa convivencia se normaliza se convierte en combustible.

Combustible para campañas, combustible para estructuras locales de poder, combustible para redes financieras, combustible para silencios administrativos, combustible para un sistema donde demasiados actores ganan mientras nadie pregunta demasiado. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es solamente quién roba combustible sino qué partes del Estado siguen funcionando gracias a él.