Renuncia anticipada, impunidad adelantada: la disputa por el poder en la Fiscalía General de la República

La “renuncia” del fiscal general de la República abrió un boquete político que el gobierno intentó cerrar de inmediato con un movimiento quirúrgico: la designación de la consejera jurídica de la Presidencia como su sucesora. Un relevo exprés que, lejos de transmitir orden institucional, exhibe dos lecturas que comparten un punto en común: la disputa de unos cuantos por el control total de la justicia en México.

La primera lectura apunta directamente hacia el Palacio Nacional. Con los escándalos de corrupción del sexenio pasado que ya son imposibles de disimular —siendo el caso Miss Universo la gota que derramó el vaso—, la presidenta se vio obligada a reaccionar. Washington presionó. El tráfico de drogas, el huachicol fiscal, la violencia que no para y los expedientes selectivamente detenidos, habían convertido al fiscal en un funcionario insostenible, marcado por decisiones dudosas y una complicidad silenciosa que ya era un lastre para el gobierno de la presidenta.

La salida de la fiscal vista desde esta óptica, es un intento desesperado por enviar señales de control, limpieza y recomposición institucional… aunque sea solo en apariencia. La llegada de la consejera jurídica, figura plenamente alineada al proyecto presidencial, termina por sellar un mensaje inequívoco: en palacio nacional buscan recuperar la institución clave para la seguridad y la procuración de justicia, precisamente en el momento más delicado para la narrativa del bienestar.

La segunda lectura apunta hacia otro actor que no puede ignorarse: AMLO con su “hermano” el presidente del Senado, un personaje también señalado por presuntos actos de corrupción y que, por oportunidad o por encargo, operó la remoción del fiscal general. Su protagonismo no es gratuito. En el juego interno del presidencialismo y los caudillos del bienestar, cada movimiento es una transacción. La caída del fiscal le permite al “hermano Adán”, cobrar relevancia, fuerza y ganar impunidad en la recomposición del poder que hoy vive la 4T. Es un reacomodo que, dependiendo de la perspectiva, favorece al bloque tabasqueño y debilita a los claudistas… o al revés.

Y, sin embargo, entre estas dos visiones llenas de cálculos, presiones externas y complicidades internas, se pierde de vista lo esencial: lo que se está desgastando profundamente es la credibilidad de la Fiscalía General de la República, una institución que debería ser pilar del Estado de derecho y no ficha en el tablero político. Esta crisis se agrava cuando se coloca en paralelo con la cuestionada reforma al Poder Judicial. Ambas piezas, juntas, dibujan un escenario peligroso: un país con instituciones jurídicas debilitadas, capturadas y sometidas a una erosión sin precedentes.

Si la 4T pretendía demostrar fortaleza, terminó exhibiendo su fractura. Si buscaba recuperar credibilidad, solo evidenció la ambición por la captura institucional. Y si quiso cerrar el capítulo con una embajada para el fiscal saliente, lo único que logró fue maquillar una derrota. Porque en el segundo piso de la cuarta transformación, las escaleras están torcidas: suben privilegios e impunidad y bajan las instituciones y la legalidad.