El estallido que sacudió a Michoacán (otra vez).

El sábado, Michoacán volvió a aparecer en el mapa de la violencia con un hecho que debería sacudir al país: la detonación de un coche bomba en Coahuayana, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Una escena propia de estados fallidos o zonas de guerra se consumó en territorio mexicano, dejando claro que la capacidad operativa del crimen organizado ha escalado a niveles que el gobierno insiste en minimizar.

Lo más revelador no fue solo el estallido, sino la reacción del Estado. La Fiscalía General de la República reconoció inicialmente que se trató de un acto terrorista, una clasificación que corresponde plenamente a la definición legal contenida en el Código Penal Federal: el empleo de explosivos con el fin de provocar alarma, temor y afectar la seguridad nacional.

Sin embargo, pocas horas después, el discurso oficial mutó.

Lo que primero era terrorismo pasó a ser descrito como “un acto de delincuencia organizada”.Eufemismo mediante, el gobierno volvió a su libreto habitual: negar la realidad, reducir la gravedad de los hechos y reacomodar la narrativa para que encaje en el guion político de la Cuarta Transformación.

El problema es que la ley no se adapta a la conveniencia política. Técnicamente, sí estamos ante un acto terrorista. Pero aceptarlo implica abrir una caja de resonancia geopolítica que el gobierno federal ha evitado a toda costa. Significaría reconocer que los cárteles mexicanos sí cumplen con los elementos que Estados Unidos ha señalado para catalogarlos como organizaciones terroristas extranjeras. Aceptar esa lectura no solo desmoronaría el relato oficial, sino que abriría la puerta a presiones y exigencias internacionales que el régimen no está dispuesto a enfrentar.

Por eso el Estado mexicano opta por lo cómodo: llamar “delincuencia organizada” a un acto que, por su naturaleza, repercute directamente en la seguridad nacional y exhibe la fragilidad institucional en amplias zonas del país.

Mientras tanto, el sábado —el mismo día del estallido— en la Ciudad de México se desarrollaba la celebración del séptimo aniversario del inicio de la Cuarta Transformación. Un evento que fue presentado como una fiesta popular, pero que en realidad funcionó como una puesta en escena, cuidadosamente diseñada, para reforzar la narrativa de logros, estabilidad y “pacificación”, un país de fantasía que solo existe en el papel y en las mañaneras.

La distancia entre el discurso y la realidad es abismal. Mientras en el Zócalo se escuchaban palabras de triunfo y autocomplacencia, en Michoacán estallaba un coche bomba; y en decenas de regiones del país la vida cotidiana se desenvuelve bajo la sombra de la violencia y la ausencia del Estado.

La 4T insiste en celebrar un país que no existe y en negar el que sí existe. El estallido en Coahuayana no solo fue un ataque: fue un recordatorio brutal de la ingobernabilidad silenciosa que se extiende en amplias zonas de México y del costo que tiene sostener una narrativa desconectada de la realidad.

La seguridad no se atiende con discursos ni con celebraciones. Y mientras el gobierno se aferra a su versión edulcorada de la historia, el país sigue caminando sobre un terreno cada vez más inestable.