Combustible de impunidad...

El combustible ilegal no circula solo. Necesita carreteras, aduanas, permisos, silencios, firmas, protección y funcionarios dispuestos a mirar hacia otro lado.

Durante años, el huachicol fue presentado como un problema de ordeña clandestina, bandas regionales y crimen organizado robando combustible en ductos perdidos entre montañas y carreteras federales. Esa narrativa era útil porque simplificaba el problema. Permitía imaginar a delincuentes aislados perforando tuberías mientras el Estado combatía heroicamente el delito desde la legalidad.

Pero el huachicol fiscal vino a destruir esa ficción. Porque el combustible que entra ilegalmente al país, evade impuestos, altera registros, cruza aduanas, se distribuye masivamente y termina circulando en redes comerciales, no puede existir solamente gracias a delincuentes con bidones y camionetas, necesita algo mucho más sofisticado: estructuras de protección, redes administrativas, tolerancia institucional y demasiada gente interesada en que ciertas preguntas nunca se formulen. Ahí empieza el verdadero problema.

La Cuarta Transformación prometió limpiar las instituciones, prometió barrer la corrupción, recuperar las aduanas, sanear puertos y devolverle al Estado el control de espacios estratégicos capturados por intereses criminales y económicos. Parte de esa narrativa descansó en la militarización de áreas sensibles. La Secretaría de Marina y las Fuerzas Armadas fueron presentadas como garantía moral, como estructuras incorruptibles capaces de hacer lo que las instituciones civiles no pudieron.

Cuando aparecen expedientes ligados al huachicol fiscal que alcanzan mandos navales, operadores aduanales, estructuras financieras y redes de protección política, el problema deja de ser un simple caso criminal para convertirse en una pregunta institucional: ¿qué tan profundo llegó la descomposición? Ese es el punto que el discurso oficial intenta evitar.

Porque el huachicol fiscal no mueve solamente gasolina. Mueve dinero, campañas, protección territorial, financiamiento político, lealtades burocráticas y redes económicas demasiado rentables para ser ignoradas. No es un delito marginal, es una economía paralela que solo puede crecer cuando demasiadas piezas del aparato institucional deciden coexistir con ella. Hay delitos que prosperan gracias a la violencia. Otros prosperan gracias al silencio administrativo y el huachicol fiscal pertenece a la segunda categoría.

Porque cuando una economía criminal logra operar durante años alrededor de puertos, aduanas, rutas comerciales, sistemas fiscales y estructuras regulatorias, la discusión deja de ser infiltración y empieza a parecer convivencia estructural.

Durante mucho tiempo, la política mexicana utilizó la idea de “Estado infiltrado” para explicar la corrupción. Era una narrativa relativamente cómoda: el crimen organizado penetraba instituciones débiles y contaminaba servidores públicos vulnerables. Pero lo que empieza a dibujarse hoy parece más complejo y más peligroso, no siempre parece infiltración; parece adaptación mutua.

El crimen aprende cómo operar alrededor del Estado y ciertas áreas del Estado aprenden cómo sobrevivir alrededor de economías criminales sin romper completamente el equilibrio político. Ahí nace la zona gris donde desaparecen las fronteras morales y administrativas. La zona donde todos dicen combatir el problema mientras demasiados actores obtienen beneficios indirectos de su existencia.

Por eso resulta insuficiente responder a cada escándalo con el mismo manual discursivo: “no hay pruebas”, “es un ataque político”, “la soberanía no se negocia”, “la oposición quiere desestabilizar”.

Porque incluso las instituciones que fueron presentadas como símbolo de limpieza moral y disciplina nacional empiezan a aparecer bajo sospecha pública. Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona es la confianza en la capacidad del Estado para vigilarse a sí mismo.

La crisis de Sinaloa, las acusaciones provenientes de Estados Unidos, el nerviosismo visible en sectores del oficialismo, la defensa automática de ciertos cuadros políticos y ahora los expedientes relacionados con huachicol fiscal empiezan a dibujar una imagen más incómoda: la de un poder político que no siempre parece combatir ciertas redes, sino administrar sus consecuencias.

Eso cambia completamente la discusión. Porque una cosa es un Estado infiltrado por el crimen y otra muy distinta es un Estado que aprende a convivir con ciertas dinámicas criminales mientras mantengan estabilidad política, flujo económico o gobernabilidad territorial y cuando esa convivencia se normaliza se convierte en combustible.

Combustible para campañas, combustible para estructuras locales de poder, combustible para redes financieras, combustible para silencios administrativos, combustible para un sistema donde demasiados actores ganan mientras nadie pregunta demasiado. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es solamente quién roba combustible sino qué partes del Estado siguen funcionando gracias a él.