El baile del bienestar

Mientras se multiplican las acusaciones, los escándalos y las evidencias de penetración criminal, el régimen permanece protegido por la impunidad y un país que parece haber dejado de incomodarse.

En otro tiempo, la imagen de un gobernador bailando despreocupadamente mientras enfrenta una acusación internacional habría provocado una crisis política. En el México del bienestar, apenas alcanza para alimentar durante unas horas la indignación de las redes sociales.

El video difundido este fin de semana muestra presuntamente al gobernador con licencia de Sinaloa bailando durante una reunión privada en Badiraguato. No existe confirmación oficial sobre la fecha, el lugar ni el contexto exacto de la grabación. Tampoco constituye una prueba adicional en su contra, su fuerza no está en lo jurídico, sino en lo simbólico: representa a un hombre que parece convencido de que, independientemente de lo que se publique, investigue o denuncie, nada verdaderamente grave habrá de ocurrirle.

Y hasta ahora tiene razones para creerlo.

El bailarín de Badiraguato no enfrenta únicamente rumores propagados por adversarios políticos, recordemos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en actividades de narcotráfico y protección criminal. Es cierto, se trata de una imputación judicial, no de una sentencia; pero tampoco de una conversación de redes sociales.

El gobernador pidió licencia. Palacio Nacional exigió más pruebas. Morena cerró filas y las autoridades mexicanas anunciaron que revisarían la información. Después del estruendo inicial, el caso comenzó a internarse en ese territorio nebuloso donde las investigaciones pueden existir durante años sin acercarse jamás a una consecuencia.

El señalado dejó temporalmente el cargo, pero no perdió la protección política. No comparece ante un tribunal mexicano ni se conoce una investigación nacional proporcional a la gravedad de las imputaciones. Tal es la confianza que ahora puede aparecer bailando mientras Sinaloa continúa enterrando víctimas y el Estado mexicano sigue discutiendo si los documentos estadounidenses resultan suficientemente convincentes.

Eso es el baile del bienestar: no la ausencia de escándalos, sino la tranquilidad de quienes saben que los escándalos ya no producen consecuencias.

Tal como los propios legisladores del régimen lo han dicho, Rocha Moya no está solo. El “hermano Adán” dejó la coordinación de Morena en el Senado, pero continúa como legislador y recibió una encomienda todavía más importante: trabajar en la estrategia política y territorial del partido rumbo a 2027. No fue apartado de la vida pública ni obligado a rendir cuentas. Simplemente cambió de pista.

Las preguntas sobre su responsabilidad política por haber nombrado secretario de Seguridad de Tabasco al líder de "La Barredora" siguen sin encontrar respuestas convincentes. El lacayo ocupó el cargo durante varios años bajo su gobierno y fue detenido después de una búsqueda internacional y por si fuera poco, al notario con licencia se le agregan informaciones sobre empresas, ingresos, relaciones políticas y posibles conexiones de personajes cercanos con redes de contrabando de combustible.

Nada de esto acredita automáticamente la culpabilidad penal del senador tabasqueño, pero en una democracia funcional, semejante acumulación de indicios, relaciones y responsabilidades debería activar investigaciones exhaustivas, comparecencias públicas y mecanismos de rendición de cuentas.

En el México de la 4T ocurre lo contrario: cada nuevo señalamiento es respondido con una frase que funciona como escudo del régimen: “Que presenten las pruebas”.

La presunción de inocencia es un derecho, pero la presunción de irrelevancia es una construcción política de la Cuarta Transformación.

Algo semejante ocurre en Baja California. La aún gobernadora reconoció haber participado en conversaciones relacionadas con la recuperación de su visa estadounidense, aunque sostiene que fue víctima de una trampa organizada por el exgobernador Jaime Bonilla. En las grabaciones se habla de información en materia de seguridad y de gestiones realizadas mediante intermediarios y abogados en Estados Unidos.

Ése es precisamente el problema: frente a un asunto de seguridad nacional no se observa una investigación mexicana independiente, pública y contundente. Predomina una operación de control de daños destinada a repartir culpas, desacreditar a los intermediarios y esperar a que el siguiente escándalo sustituya al anterior.

En Zacatecas, la situación ha adquirido tintes todavía más infames. Diez personas fueron privadas de la vida —cinco de ellas abandonadas en un puente— y un grupo armado difundió un video en el que se atribuyó la masacre, amenazó al gobernador de la dinastía gobernante y habló de presuntos acuerdos con autoridades. El gobierno estatal ha rechazado esas afirmaciones e incluso sostiene que el video presenta inconsistencias y podría tratarse de un montaje.

Nada permite asumir como verdaderas las palabras de una organización criminal. Pero el solo hecho de que un grupo armado se considere capaz de dirigirse públicamente a un gobernador, hablar de supuestos pactos y disputar la narrativa del Estado muestra el nivel de degradación institucional alcanzado.

Aquí la incómoda verdad: El crimen organizado ya no sólo combate al gobierno. Lo emplaza, lo acusa, lo amenaza y pretende exhibirlo como un actor más dentro de una negociación territorial.

Detrás de estos episodios aparece el huachicol fiscal: una gigantesca estructura de contrabando, evasión tributaria, corrupción aduanera, empresas fachada y protección institucional. Una industria criminal de esas dimensiones difícilmente podría funcionar sin la participación, tolerancia o negligencia de funcionarios, empresarios, operadores financieros y responsables de puertos y aduanas.

Una de las redes investigadas habría movilizado alrededor de 800 millones de litros de gasolina y diésel en quince meses, causando un daño fiscal estimado en miles de millones de pesos. En este caso aparecen empresarios y personajes relacionados con el PAN, incluido el exgobernador Ernesto Ruffo, lo cual revela que el negocio rebasa las fronteras partidistas.

Pero el problema político para la Cuarta Transformación permanece: semejante maquinaria creció y operó durante los años en que el gobierno aseguraba haber terminado con el robo de combustible y presumía un control sin precedentes sobre aduanas, puertos y fuerzas armadas.

La conversación pública, sin embargo, fragmenta el fenómeno. Se habla de un barco, un empresario, un marino, una aduana o un funcionario aislado, pero rara vez de la arquitectura institucional que permitió que todo funcionara durante años.

Y, pese a todo, al régimen no le pasa nada.

Fuera de algunos espacios periodísticos, medios digitales y cuentas críticas, la indignación parece confinada a una burbuja. Las redes se saturan de denuncias durante unas horas, pero la vida pública continúa como si la acumulación de escándalos fuera una nueva modalidad de entretenimiento.

Si el cuestionamiento proviene de los medios del Ajusco, el régimen responde hablando de sus intereses; si aparece en las redes, lo atribuye a campañas pagadas; si llega desde Estados Unidos, lo denuncia como amenaza a la soberanía así, el gobierno nunca discute el fondo. Descalifica al mensajero, administra el escándalo y espera.

Pero el problema más profundo no está solamente en Palacio Nacional. Está también en un país que parece haber perdido la capacidad de incomodarse.

La ciudadanía observa, comenta, comparte y después desliza el dedo hacia la siguiente publicación. La exigencia de transparencia se ha convertido en consigna de minorías; la rendición de cuentas parece una aspiración académica y la aplicación imparcial de la ley, una utopía que ni siquiera muestra deseos de asomarse.

El régimen no necesita demostrar que todos sus integrantes son inocentes. Le basta con conseguir que la sociedad se canse antes de que las investigaciones concluyan.

Por eso 2027 será algo más que una elección intermedia. Será la oportunidad para saber si la Cuarta Transformación conserva intacta su capacidad para transformar impunidad en votos, escándalos en propaganda y acusaciones en agravios contra la patria.

La alternativa más preocupante sería que México terminara esperando que Washington hiciera lo que sus propias instituciones no se atreven a realizar. Las acusaciones penales, sanciones financieras, cancelaciones de visas y solicitudes de extradición pueden aumentar la presión, pero ningún acto del gobierno estadounidense constituye un gesto de piedad ni una solución democrática para nuestro país.

Esperar que el vecino del norte venga a impartir la justicia que el Estado mexicano se niega a aplicar no es traición a la patria, es la confesión final de nuestro fracaso republicano.

Mientras tanto, Rocha Moya baila.

Y quizá ésa sea la representación más exacta del momento nacional: un personaje rodeado por acusaciones, protegido políticamente y además suficientemente tranquilo para celebrar mientras el país contempla la escena desde una pantalla.

No sabemos todavía si ese baile es la expresión anticipada de su impunidad, lo que sí sabemos es que, hasta ahora, nadie ha conseguido detener la música.