El insomnio del bienestar...

Rocha, Sinaloa y la noche oscura que llega desde Estados Unidos

Hay noches en que los gobernadores no duermen por la inseguridad. Hay otras, más incómodas, en que no duermen porque la inseguridad empieza a poner sus nombres en expedientes judiciales.

Lo ocurrido con Rubén Rocha Moya no es un episodio menor ni un escándalo más en la lista interminable de sobresaltos nacionales. La acusación formal presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios actuales y anteriores del estado golpea directamente el corazón narrativo de la Cuarta Transformación.

Porque hay que ser claros: la 4T no llegó al poder prometiendo eficiencia, llegó esgrimiendo honestidad, habló de una regeneración moral. Se presentó como la redención histórica de un país capturado por corruptos, fifís, vendepatrias, neoliberales y traidores al pueblo y por eso el caso Rocha pesa tanto.

Aunque no resulte popular, una acusación (sin importar de donde venga) no es una sentencia. La presunción de inocencia debe mantenerse y cualquier señalamiento debe sostenerse con pruebas verificables. Pero políticamente hay momentos en los que una acusación formal, presentada por una fiscalía estadounidense contra un gobernador en funciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, deja de ser solo un asunto procesal y se convierte en terremoto institucional, que esta vez tiene epicentro en Sinaloa.

En la narrativa estadounidense, no se habla de una omisión administrativa ni de una falla menor de coordinación. Se habla de narcopolítica, protección institucional y cargos públicos presuntamente utilizados como escudo operativo para una organización criminal.

Del otro lado, el gobierno mexicano respondió con la defensa esperada y desde palacio nacional la cantaleta fue la misma: no hay pruebas suficientes, debe respetarse el tratado de extradición, la FGR revisará, la soberanía no se negocia. Todo eso puede ser jurídicamente atendible. El problema es político: cuando un gobierno ha convertido la superioridad moral en doctrina, no puede contestar todos los escándalos con tecnicismos, protocolo diplomático y comunicados de procedimiento, porque mientras en palacio piden pruebas, Sinaloa exige paz.

La 4T otra vez (sí otra vez) denuncia ataques externos, pero los sinaloenses llevan meses contando muertos, desaparecidos, negocios cerrados, familias encerradas, carreteras sitiadas y niños asesinados. En la conferencia mañanera se administra el lenguaje de la soberanía, mientras que en Sinaloa la ciudadanía pugna por algo mucho más básico: vivir sin miedo. El oficialismo quiere discutir el expediente como si fuera únicamente un diferendo jurídico con Estados Unidos. Pero Sinaloa no es una abstracción diplomática, es un territorio herido, un estado donde la gobernabilidad no se mide en boletines, sino en si una familia puede salir de casa sin consultar primero el mapa del terror.

Por eso resulta tan irresponsable la defensa automática. No porque México deba entregar a un gobernador sin revisar el expediente. No se trata de eso. Se trata de que la reacción inicial no puede reducirse a cerrar filas, invocar soberanía y sugerir que todo es un ataque político contra Morena, respondiendo así, la propia respuesta ya es parte del problema.

Rubén Rocha no rechazó las acusaciones envolviéndose en la bandera del movimiento. Presentó el señalamiento como un ataque contra la Cuarta Transformación, contra sus liderazgos y contra la causa que dice representar. Ese reflejo es revelador: cuando el expediente toca a uno de los suyos, la defensa no es institucional, sino tribal.

Habrá que estar atentos, porque el caso Rocha puede ser una pieza clave en la caída del Jenga de complicidades que la 4T ha armado, heredado o tolerado en muchos estados. Si el expediente avanza, la preocupación no se quedará en Sinaloa.

La sola posibilidad de que Estados Unidos empiece a documentar vínculos entre gobiernos locales, policías, campañas, cárteles y estructuras políticas y gubernamentales debería estar quitándole el sueño a más de un funcionario, no solo a gobernadores, también a secretarios, a mandos de seguridad, fiscales estatales, alcaldes, operadores electorales, mandos policiacos, intermediarios financieros y personajes de esos que nunca aparecen en las boletas, pero siempre aparecen cerca del dinero, de las campañas o de las decisiones, algunos desde hace muchos años y que hoy, están cobijados por el poder en los estados o en la federación.

Ese es el verdadero insomnio del bienestar.

No el de quien teme a la oposición o de quien teme perder una candidatura o una elección. El insomnio real es el de quienes saben que en México tal vez se puede controlar una fiscalía, congelar una investigación, disciplinar a un congreso local o intimidar a un periodista, pero no necesariamente se puede controlar un expediente abierto en Nueva York.

Y quizá por eso, esta noche y las que siguen, en más de una oficina pública, la consigna ya no sea “primero los pobres”, quizá sea otra, más discreta y más sincera: primero, dormir.