La República de las excepciones...

Las democracias no empiezan a morir cuando desaparecen las leyes, mueren cuando las leyes siguen existiendo, pero dejan de aplicarse con el mismo rigor para todos.

Durante las últimas semanas, la conversación pública mexicana ha transitado por un camino extraño, lo que comenzó con cuestionamientos sobre privilegios, uso discrecional de recursos públicos y expedientes incómodos terminó desembocando en una discusión sobre soberanía nacional, injerencia extranjera y defensa de las instituciones. El episodio más reciente ilustra perfectamente el fenómeno.

Ante los señalamientos y acusaciones que han surgido desde Estados Unidos contra diversos actores políticos mexicanos, la respuesta presidencial ha insistido en denunciar intentos de intervención y posibles intromisiones en la vida pública nacional.

Lo verdaderamente llamativo es que, una vez más, la discusión terminó girando alrededor de Estados Unidos y no alrededor de aquello que dio origen al conflicto: el narcotráfico, la violencia y la sospecha de que, en algunos territorios del país, los grupos criminales han dejado de desafiar al Estado para empezar a confundirse con él.

Y ahí aparece el verdadero problema, porque la pregunta relevante no es si Washington pretende convertirse en el gran elector de México. La pregunta relevante es por qué la conversación nacional evita sistemáticamente discutir hasta qué punto ciertas regiones han visto erosionada la capacidad efectiva del Estado para ejercer plenamente sus funciones y esa es una diferencia fundamental.

Cuando el debate se concentra exclusivamente en la soberanía nacional, se corre el riesgo de convertir el síntoma en protagonista y esconder la enfermedad detrás del discurso patriótico. La soberanía importa, la autodeterminación importa, la defensa de las instituciones importa. Pero ninguna de ellas elimina una realidad que millones de mexicanos conocen de primera mano: existen zonas del país donde la autoridad formal convive con poderes de facto que condicionan actividades económicas, seguridad pública, procesos electorales y formas de gobierno local.

Negarlo no fortalece al Estado; lo debilita. Porque, aunque no les guste en la 4T: los problemas no desaparecen cuando se les cambia de nombre.

Durante esta serie hemos hablado de privilegios normalizados, de expedientes que generan nerviosismo político, de liderazgos cuya sombra sigue proyectándose sobre el poder formal y de economías criminales que parecen haber aprendido a coexistir con determinadas estructuras institucionales. A primera vista parecen temas distintos y no lo son.

Todos apuntan hacia el mismo fenómeno: la construcción progresiva de una República de las excepciones.

• La excepción para el aliado político.

• La excepción para el funcionario cercano.

• La excepción para quien pertenece al movimiento correcto.

• La excepción para quien puede invocar una causa superior como justificación.

Y toda excepción reiterada produce el mismo efecto: la ley deja de ser un principio general y se convierte en un instrumento selectivo y entonces sí: se es el punto donde las democracias comienzan a deteriorarse. No cuando desaparecen las normas sino cuando las normas dejan de ser iguales para todos.

Por eso resulta insuficiente responder a cada señalamiento con argumentos de soberanía o con denuncias de conspiración externa el problema va más allá de quién formula la acusación, el problema es la existencia de condiciones que vuelven creíbles determinadas acusaciones ante una parte creciente de la opinión pública.

Si la preocupación internacional encuentra eco dentro del país, quizá la discusión no debería comenzar preguntando quién habla desde Washington, quizá debería comenzar preguntando qué está ocurriendo dentro de México.

Para cerrar: el verdadero riesgo no es que una potencia extranjera aspire a influir en nuestras decisiones, el verdadero riesgo es descubrir que, en algunos territorios, las decisiones ya no dependen exclusivamente del Estado mexicano, ahí es donde la soberanía deja de ser una consigna y vuelve a convertirse en un desafío real.

Y esa es una conversación mucho más incómoda, quizá por eso se evita, porque obligaría al Estado mexicano a reconocer que el problema de fondo no es Washington, no es una conferencia de prensa, no es un comunicado diplomático, no es una disputa retórica entre gobiernos, sino que hoy demasiadas personas comienzan a creer que la ley siempre debe aplicarse... a alguien más.