La sombra que todavía despacha...

Palenque, Palacio y la pregunta incómoda: ¿quién manda cuando la 4T entra en crisis?

En México hay una presidenta constitucional. Una sola. Pero cada crisis importante que le sucede a la 4T parece venir acompañada de una pregunta que no debería existir: ¿ya le avisaron al Tlatoani?

La pregunta incomoda porque toca una fibra sensible del nuevo poder. No se trata de saber si Claudia Sheinbaum puede reunirse o no con Andrés Manuel López Obrador. Claro que puede. Una presidenta en funciones puede hablar con un expresidente, con un exjefe político, con un aliado, con un amigo o con quien considere pertinente. El problema no es personal; el problema es institucional.

Después del vendaval político generado por las acusaciones estadounidenses contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, la gira presidencial al sureste dejó de parecer una gira cualquiera. En medio de las versiones sobre un posible encuentro con López Obrador, la respuesta oficial primero fue negar, descalificar, ironizar. Luego vino la frase reveladora: no tendría nada de malo reunirse con “el PRESIDENTE López Obrador”. Ahí está el lapsus. Ahí se aprecia la sombra.

México tiene una presidenta en funciones, pero el lenguaje del oficialismo sigue tropezando con una realidad que no termina de acomodarse: López Obrador dejó el cargo, pero no dejó el centro fáctico del poder. Se mudó a Palenque, sí, pero la política mexicana insiste en comportarse como si el rancho fuera todavía una extensión remota de Palacio Nacional.

La pregunta no es si hubo tamales, atole, reunión, llamada, bendición o instrucción. La pregunta de fondo es otra: ¿quién toma las decisiones cuando el movimiento entra en pánico?

Porque esa es la palabra que nadie quiere pronunciar: PÁNICO porque la crisis que golpea a Sinaloa (y a la 4T) no nació en un medio incómodo ni en una conferencia de adversarios. Llegó desde Estados Unidos, con membrete judicial, lenguaje penal y consecuencias impredecibles.

Hay que reconocerlo, MORENA puede controlar la narrativa interna con una eficacia envidiable. Puede convertir preguntas incómodas en ataques conservadores, transformar cuestionamientos en misoginia, soberanía herida o guerra mediática, salir a decir que todo está bajo control, que no hay pruebas suficientes, que se revisará el procedimiento, que no se aceptan presiones extranjeras.

Pero lo que no puede controlar con la misma facilidad es la percepción de que, en las crisis mayores, la presidenta sigue necesitando ser leída en relación con su antecesor y eso la debilita.

La presidenta puede encabezar conferencias, firmar decretos, ordenar investigaciones, hablar de soberanía y encabezar giras, pero si cada vez que el movimiento se tambalea la conversación pública vuelve a preguntarse si la línea salió de Palacio o de Palenque, entonces el poder formal empieza a parecer tutelado por el poder sentimental y la tutela, aunque sea simbólica, pesa.

Pesa porque López Obrador construyó un movimiento alrededor de su figura, de su voz, de su moral, de sus absoluciones y de sus enemigos. Durante años, la vida pública giró alrededor de su capacidad para decir quién era pueblo y quién era traidor; quién era honesto y quién estaba podrido; quién merecía defensa y quién debía ser arrojado al tribunal de la mañanera, ese tipo de liderazgo no se jubila fácilmente. Ahí está el problema de fondo.

La crisis de Sinaloa no solo exhibe la fragilidad de algunos gobiernos locales frente al crimen y a los expedientes externos. También exhibe la fragilidad de una Presidencia que necesita construir autoridad propia en medio de un movimiento que todavía le reza al fundador.

Por eso la frase: “no tendría nada de malo” suena insuficiente. Nadie está diciendo que reunirse con López Obrador sea delito, pecado o traición institucional. Lo que se señala es otra cosa: que una jefa de Estado no puede permitirse que cada crisis nacional parezca requerir consulta espiritual en Palenque.

Porque una cosa es escuchar consejos y otra muy distinta es gobernar bajo sombra. Sobre todo, porque instala una duda peligrosa en momentos de crisis: si la decisión es difícil, ¿la toma la Presidencia o la autoriza la memoria viva del caudillo de la Macuspana? No es una pregunta menor.

En política, el poder no admite vacíos ni ambigüedades. Cuando no queda claro quién manda, alguien más empieza a ocupar ese espacio y cuando eso ocurre, el gobierno ya no se ve como mando: se ve como administración de equilibrios ajenos.

Esta entrega no sustituye el análisis sobre huachicol fiscal, la SEMAR y captura institucional. Lo antecede, porque antes de revisar cómo se perforan las instituciones conviene preguntar quién decide qué se investiga, qué se tapa, qué se defiende y qué se deja caer.

Porque en una república sana, las crisis se resuelven en las instituciones, en una república tutelada, se preguntan primero al patriarca.

Y México, por desgracia, todavía no sabe si la presidenta despacha sola.

Cuando el movimiento se asusta, ¿quién contesta el teléfono?

El insomnio del bienestar...

Rocha, Sinaloa y la noche oscura que llega desde Estados Unidos

Hay noches en que los gobernadores no duermen por la inseguridad. Hay otras, más incómodas, en que no duermen porque la inseguridad empieza a poner sus nombres en expedientes judiciales.

Lo ocurrido con Rubén Rocha Moya no es un episodio menor ni un escándalo más en la lista interminable de sobresaltos nacionales. La acusación formal presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios actuales y anteriores del estado golpea directamente el corazón narrativo de la Cuarta Transformación.

Porque hay que ser claros: la 4T no llegó al poder prometiendo eficiencia, llegó esgrimiendo honestidad, habló de una regeneración moral. Se presentó como la redención histórica de un país capturado por corruptos, fifís, vendepatrias, neoliberales y traidores al pueblo y por eso el caso Rocha pesa tanto.

Aunque no resulte popular, una acusación (sin importar de donde venga) no es una sentencia. La presunción de inocencia debe mantenerse y cualquier señalamiento debe sostenerse con pruebas verificables. Pero políticamente hay momentos en los que una acusación formal, presentada por una fiscalía estadounidense contra un gobernador en funciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, deja de ser solo un asunto procesal y se convierte en terremoto institucional, que esta vez tiene epicentro en Sinaloa.

En la narrativa estadounidense, no se habla de una omisión administrativa ni de una falla menor de coordinación. Se habla de narcopolítica, protección institucional y cargos públicos presuntamente utilizados como escudo operativo para una organización criminal.

Del otro lado, el gobierno mexicano respondió con la defensa esperada y desde palacio nacional la cantaleta fue la misma: no hay pruebas suficientes, debe respetarse el tratado de extradición, la FGR revisará, la soberanía no se negocia. Todo eso puede ser jurídicamente atendible. El problema es político: cuando un gobierno ha convertido la superioridad moral en doctrina, no puede contestar todos los escándalos con tecnicismos, protocolo diplomático y comunicados de procedimiento, porque mientras en palacio piden pruebas, Sinaloa exige paz.

La 4T otra vez (sí otra vez) denuncia ataques externos, pero los sinaloenses llevan meses contando muertos, desaparecidos, negocios cerrados, familias encerradas, carreteras sitiadas y niños asesinados. En la conferencia mañanera se administra el lenguaje de la soberanía, mientras que en Sinaloa la ciudadanía pugna por algo mucho más básico: vivir sin miedo. El oficialismo quiere discutir el expediente como si fuera únicamente un diferendo jurídico con Estados Unidos. Pero Sinaloa no es una abstracción diplomática, es un territorio herido, un estado donde la gobernabilidad no se mide en boletines, sino en si una familia puede salir de casa sin consultar primero el mapa del terror.

Por eso resulta tan irresponsable la defensa automática. No porque México deba entregar a un gobernador sin revisar el expediente. No se trata de eso. Se trata de que la reacción inicial no puede reducirse a cerrar filas, invocar soberanía y sugerir que todo es un ataque político contra Morena, respondiendo así, la propia respuesta ya es parte del problema.

Rubén Rocha no rechazó las acusaciones envolviéndose en la bandera del movimiento. Presentó el señalamiento como un ataque contra la Cuarta Transformación, contra sus liderazgos y contra la causa que dice representar. Ese reflejo es revelador: cuando el expediente toca a uno de los suyos, la defensa no es institucional, sino tribal.

Habrá que estar atentos, porque el caso Rocha puede ser una pieza clave en la caída del Jenga de complicidades que la 4T ha armado, heredado o tolerado en muchos estados. Si el expediente avanza, la preocupación no se quedará en Sinaloa.

La sola posibilidad de que Estados Unidos empiece a documentar vínculos entre gobiernos locales, policías, campañas, cárteles y estructuras políticas y gubernamentales debería estar quitándole el sueño a más de un funcionario, no solo a gobernadores, también a secretarios, a mandos de seguridad, fiscales estatales, alcaldes, operadores electorales, mandos policiacos, intermediarios financieros y personajes de esos que nunca aparecen en las boletas, pero siempre aparecen cerca del dinero, de las campañas o de las decisiones, algunos desde hace muchos años y que hoy, están cobijados por el poder en los estados o en la federación.

Ese es el verdadero insomnio del bienestar.

No el de quien teme a la oposición o de quien teme perder una candidatura o una elección. El insomnio real es el de quienes saben que en México tal vez se puede controlar una fiscalía, congelar una investigación, disciplinar a un congreso local o intimidar a un periodista, pero no necesariamente se puede controlar un expediente abierto en Nueva York.

Y quizá por eso, esta noche y las que siguen, en más de una oficina pública, la consigna ya no sea “primero los pobres”, quizá sea otra, más discreta y más sincera: primero, dormir.

No veo ningún abuso...

Cuando el privilegio deja de avergonzar al poder, la corrupción ya no necesita esconderse: se vuelve costumbre, trámite y, luego, justificación.

La corrupción no siempre llega con sobres amarillos llenos de dinero. Hoy sabemos que a veces llega con una llave, una habitación disponible, personal dispuesto, una explicación sentimental y una frase que resume el derrumbe moral de una época: “no veo ningún abuso”.

Esa frase, dicha desde la comodidad del poder, debería estudiarse como síntoma. No solo por lo que intenta justificar, sino por lo que revela. Porque cuando un alto funcionario ya no distingue entre una institución pública y una extensión de su vida privada, el problema deja de ser anecdótico: se convierte en cultura política.

Esta columna es la primera de una serie de tres entregas sobre una enfermedad que México ha aprendido a mirar con peligrosa resignación: la normalización del abuso en nombre de las causas nobles.

En la segunda parte hablaremos del huachicol fiscal, de mandos navales señalados, de redes que no pudieron operar sin puertas abiertas y de un Estado que parece perforado desde adentro.

En la tercera, iremos al discurso: esa agenda progresista, populista y redentora que habla de democracia, justicia social y pueblo, mientras guarda silencio frente a sus propios privilegios, pactos, omisiones y contradicciones.

Pero antes de llegar al combustible ilegal, las aduanas, los cárteles y la sombra de la impunidad, conviene empezar por algo aparentemente menor. Marcelo Ebrard reconoció que su hijo se hospedó durante meses en la residencia de la Embajada de México en Reino Unido cuando él era secretario de Relaciones Exteriores. La explicación fue profundamente humana: la preocupación de un padre durante la pandemia, los estudios del joven, la cortesía de una embajadora, la ausencia —según él— de daño al erario. Y ahí está precisamente el punto.

Nadie discute que un padre se preocupe por su hijo. Lo que se discute es que un funcionario confunda su preocupación familiar con el uso de una residencia diplomática. Nadie cuestiona el afecto paterno. Lo que se cuestiona es la naturalidad con la que el poder convierte los bienes públicos en soluciones privadas.

Una embajada no es Airbnb diplomático. Una residencia oficial no es casa de asistencia para familiares del gabinete. El servicio exterior no existe para resolver incomodidades domésticas de quienes tienen influencia. Y la austeridad republicana, esa palabra tan manoseada por la 4T, no puede ser sermón para los adversarios y excepción para los cercanos.

El caso incomoda porque desnuda una doble moral. Durante años, la llamada cuarta transformación construyó buena parte de su legitimidad sobre una promesa básica: separar el poder público del privilegio privado. Acabar con los excesos. Desterrar la frivolidad. Gobernar con honestidad. Poner al pueblo por encima de los fifís.

Pero la 4T no acabó con los privilegios: los rebautizó. Ahora el abuso ya no se llama abuso; se llama contexto, pandemia, preocupación paternal, invitación cordial, ataque de la derecha, mezquindad mediática; se llama cualquier cosa, menos lo que es: una frontera ética cruzada con una tranquilidad pasmosa.

Y entonces, por si no fuera poco... vino el remate presidencial.

En la conferencia matutina del lunes 27 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que, de acuerdo con lo conversado con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no existe una regulación particular ni normas establecidas sobre estos temas. Por eso, dijo, la Cancillería deberá fijar reglas claras para el uso de embajadas y consulados, de modo que no quede sujeto a interpretación.

Traducido al lenguaje político: el escándalo no produjo una sanción inmediata; produjo una promesa de regulación futura. La falta de norma se convirtió en anestesia institucional. El poder no dijo “esto no debe volver a pasar” con la contundencia ética que exigía el momento. Dijo, en esencia, que habría que normarlo.

Es el sueño burocrático de la impunidad: si no estaba escrito con suficiente claridad, entonces nadie tiene culpa. Si nadie tiene culpa, nadie debe asumir responsabilidad. Y si nadie asume responsabilidad, la promesa de superioridad moral queda reducida a un manual pendiente de actualización.

El caso Ebrard, visto aisladamente, puede parecer menor frente a los grandes expedientes nacionales: inseguridad, huachicol fiscal, desfalcos, contratos, aduanas, militarización, desapariciones, campañas anticipadas, dinero opaco y pactos nunca confesados. Pero su valor político está justo ahí: en mostrar cómo opera el reflejo del poder cuando es descubierto.

Primero minimiza, luego sentimentaliza, después acusa mala fe, más tarde invoca la ausencia de norma. Y al final, espera que el escándalo se disuelva en la velocidad de la agenda pública. Lo delicado no es solo que un hijo haya ocupado un espacio oficial; lo delicado es que el estándar ético del poder dependa de si la regla estaba escrita con tinta suficientemente gruesa.

Y entonces la frase vuelve como eco: no veo ningún abuso.

La corrupción, antes de convertirse en expediente penal, suele pasar por una etapa más silenciosa: la pérdida de vergüenza.

Esta primera entrega apenas abre la puerta. Porque si en la superficie vemos residencias diplomáticas utilizadas como refugio familiar, en el subsuelo aparecen preguntas más oscuras: ¿qué ocurre cuando el privilegio ya no hospeda a un hijo, sino a una red criminal? ¿Qué pasa cuando la excepción ya no se limita a una embajada, sino que atraviesa aduanas, puertos, combustibles, fiscalías y mandos armados? ¿Qué queda del Estado cuando la ley se aplica con dureza al ciudadano común, pero con paciencia frente a los propios?

La segunda parte irá hacia ese terreno: el del huachicol fiscal y la detención de un exmando naval en Argentina. Ahí donde la corrupción deja de ser incomodidad diplomática y se convierte en estructura de negocios, protección e impunidad.

Quizás esa sea la verdadera tragedia política de nuestro tiempo: no que el poder abuse, sino que ya ni siquiera entienda por qué debería avergonzarse.